Fuentes de información de interés critica.

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Vorágine

Vorágine periodismo contracorriente.

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Vorágine es una fundación sin ánimo de lucro. es un portal de periodismo de investigación que publica trabajos profundos relacionados con la vulneración de los derechos humanos, el medio ambiente y la corrupción en Colombia y el mundo. Se apoya en diferentes estilos de ilustración para potenciar las historias.

Periodismo independiente, que no responde a intereses económicos ni políticos, se puede garantizar el derecho fundamental a la información de los ciudadanos. Rigor, veracidad y transparencia son los pilares que sostienen a este medio de comunicación.

Cuestión publica

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Cuestión Pública es un medio de comunicación independiente de periodismo de investigación en Colombia. Su enfoque principal es investigar temas de corrupción, abuso de poder, derechos humanos y el manejo de los recursos públicos en el país.

La oreja roja

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Laorejaroja es un medio de comunicación independiente y alternativo en Colombia que se enfoca en el análisis político, social y cultural con un marcado enfoque de derechos humanos y género.

A diferencia de los medios tradicionales, su propuesta busca construir comunidad en lugar de solo buscar audiencia, abordando temas que suelen quedar fuera de la agenda informativa principal.

Universo centro

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Universo Centro es un periódico y proyecto editorial independiente basado en Medellín, Colombia, enfocado en el periodismo cultural, literario y la narrativa urbana

Se publica tanto en formato digital como en una tradicional versión impresa en papel periódico de distribución gratuita.

Verdad Abierta

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Verdad Abierta es un medio de comunicación independiente y especializado en el conflicto armado, el narcotráfico y la justicia transicional en Colombia.

Funciona como un portal de periodismo de investigación y un archivo histórico sobre las violaciones a los derechos humanos en el país.

 

Indemnización sustitutiva y devolución de saldos en el sistema pensional colombiano

Indemnización sustitutiva y devolución de saldos en el sistema pensional colombiano

 

 

1. INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA 

 

 

Es un pago único (no mensual) que reemplaza la pensión, y corresponde a la devolución del dinero que la persona aportó al sistema pensional, actualizado con inflación.

TIPOS DE INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA

1.    Vejez

Aplica cuando:

Cumples la edad de pensión:

Mujeres: 57 años

Hombres: 62 años

Pero no alcanzas las semanas requeridas (actualmente 1300 semanas) No hay pensión mensual

Recibes un pago único

2.    Invalidez

Aplica cuando:

Una persona pierde 50% o más de su capacidad laboral

Pero no cumple con las semanas exigidas para pensión de invalidez No obtiene pensión

Recibe indemnización sustitutiva

3.    Sobrevivientes Aplica cuando:

El afiliado fallece

Sus familiares (beneficiarios) no cumplen requisitos para pensión de sobrevivientes En ese caso:

No hay pensión mensual para la familia

Se entrega una indemnización a los beneficiarios

 

¿Cómo se calcula el dinero?

El valor no es exactamente lo que cotizaste, sino que incluye:

      Aportes realizados durante tu vida laboral

      Ajustes por inflación (IPC)

      En algunos casos, factores adicionales definidos por ley 

 

 

DEVOLUCIÓN DE SALDOS EN EL SISTEMA PENSIONAL COLOMBIANO

 

El sistema pensional colombiano, diseñado por la:

 

•     Ley 100 de 1993

 

establece mecanismos de protección frente a contingencias como la vejez, la invalidez y la muerte. Sin embargo, no todos los afiliados logran cumplir los requisitos para acceder a una pensión.

 

En estos casos, el sistema prevé la devolución de saldos, figura mediante la cual se entrega al afiliado o a sus beneficiarios el dinero acumulado en la cuenta individual.

 

¿La devolución de saldos garantiza efectivamente el derecho a la seguridad social o constituye una respuesta insuficiente frente a los mandatos del Estado Social de Derecho?

 

2.    HIPÓTESIS

 

La devolución de saldos es un mecanismo formalmente válido, pero materialmente insuficiente, que no garantiza plenamente el derecho a la seguridad social, ya que:

 

•     No asegura ingresos periódicos

•     No protege el mínimo vital

•     Traslada el riesgo al afiliado

 

3.    MARCO CONSTITUCIONAL

 

El análisis debe partir de la:

 

•     Constitución Política de Colombia de 1991 La seguridad social es:

•     Un derecho fundamental en ciertos casos

•     Un servicio público obligatorio

•     Un sistema basado en la solidaridad

 

La Constitución NO concibe la seguridad social como ahorro individual, sino como: un sistema de protección colectiva frente a riesgos sociales

Desarrollo jurisprudencial

 

La Corte Constitucional de Colombia ha establecido que:

 

•     El derecho a la seguridad social se relaciona directamente con:

o     El mínimo vital

o     La dignidad humana

 

4.    MARCO LEGAL

 

La Ley 100 crea dos modelos:

 

Régimen de Prima Media (RPM)

 

•     Basado en solidaridad

 

Régimen de Ahorro Individual (RAIS)

 

•     Basado en capitalización individual La devolución de saldos pertenece al RAIS.

En el RAIS: El derecho a la pensión no depende de la necesidad del sujeto, sino de su capacidad de ahorro.

 

Esto transforma el derecho en: una relación financiera, no estrictamente jurídica.

 

5.    VEJEZ.

 

Cuando el afiliado cumple la edad, pero no tiene capital suficiente: el sistema no reconoce pensión, sino que devuelve el ahorro

 

Esto implica que:

 

•     La vejez deja de ser un riesgo protegido universalmente

•     Y pasa a depender del éxito financiero del afiliado

 

Jurisprudencia

 

•     Sentencia SU-062 de 2010 La Corte admite que:

la devolución es una forma de evitar desprotección absoluta pero no equivale a una pensión

 

La devolución de saldos en vejez no cumple la finalidad del sistema pensional, ya que no garantiza ingresos en una etapa donde el individuo no puede generarlos.

 

6.    INVALIDEZ:

 

La invalidez implica:

 

•     Pérdida de capacidad laboral

•     Necesidad de protección permanente

 

Si no se cumplen requisitos: el sistema entrega un pago único

 

Se reconoce el derecho formalmente, pero se vacía de contenido material.

 

Jurisprudencia

 

•     Sentencia T-1040 de 2001

•     Sentencia T-043 de 2007

 

La Corte ha insistido en: protección reforzada a personas vulnerables La devolución en invalidez:

•     No asegura subsistencia

•     Es incompatible con la protección reforzada

 

7.    SOBREVIVIENTES:

 

La pensión de sobrevivientes busca: sustituir el ingreso del fallecido Cuando no hay requisitos: se entrega el saldo

El capital no sustituye el ingreso.

 

Jurisprudencia:

 

•     Sentencia C-336 de 2008

•     Sentencia T-701 de 2006

 

•     La familia queda expuesta a vulnerabilidad económica

•     No se cumple la finalidad de protección integral

 

Modelo RAIS Constitución

Ahorro individual Solidaridad

Riesgo individual Protección estatal

Capital = derecho Derecho como garantía

 

La devolución de saldos es una figura coherente con el modelo financiero del RAIS, pero tensiona los principios constitucionales del Estado Social de Derecho.

 

La devolución de saldos no puede considerarse una solución plena dentro del sistema pensional colombiano, pero:

 

Licencia de Maternidad y Paternidad

Licencia de Maternidad y Paternidad

La licencia de maternidad está reconocida en el artículo 43 de la Constitución Política, que garantiza a la mujer especial asistencia y protección durante el embarazo y después del parto. En cumplimiento de este mandato la Ley 1822 de 2017, que modificó los artículos 236 y 239 del CST, dispone que toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de (18) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al momento de iniciar la licencia.

Dicha licencia no solo aplica para mujeres vinculadas mediante contrato de trabajo, sino también a quienes están vinculadas con contrato de prestación de servicios, afiliadas como independientes.

Para el reconocimiento de la licencia de maternidad, la trabajadora deberá presentar a su empleador un certificado médico, en el cual debe constar el estado de embarazo de la trabajadora, así como indicar el día probable del parto y el día desde el cual debe empezar la licencia. Adicionalmente, El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1427 de 2022, el cual estableció que la afiliada debe estar vinculada al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y activo; haber efectuado pagos durante todos los meses que correspondan al periodo de gestación y contar con el certificado médico de la licencia de maternidad.

En cuanto al pago de la licencia este corresponde a la EPS a la cual se encuentre afiliada la trabajadora. Sin embargo, en la práctica, el empleador asume el pago inicial de la prestación, para posteriormente efectuar el trámite de recobro ante la EPS. El valor de la licencia equivale al (100%) del salario base de liquidación.

En la sentencia T-014 de 2022, la accionante Vanessa Uribe Barbosa interpuso acción de tutela contra FAMISANAR EPS por la negativa en el reconocimiento de su licencia de maternidad. La Corte evidenció que, aunque la actora perdió su empleo en marzo de 2020, continuó cotizando al sistema de salud mediante el mecanismo de protección al cesante a través de COMPENSAR entre abril y septiembre, y posteriormente retomó sus aportes en noviembre y diciembre, siendo octubre el único mes sin cotización. Asimismo, se acreditó que el embarazo inició en abril de 2020 y culminó el 29 de diciembre del mismo año.

De este modo, la Corte concluyó que la accionante cumplía con los requisitos para acceder al reconocimiento total de la licencia de maternidad, destacando su conducta diligente al procurar la continuidad en sus aportes durante la gestación.

En consecuencia, la Sala revocó el fallo de segunda instancia que había declarado improcedente la acción de tutela, y en su lugar, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado dado que la prestación ya había sido pagada.

De otra parte, en la sentencia T-207 de 2024, la accionante Ivonne Tatiana Avila Rodríguez, interpuso acción de tutela contra COMPENSAR EPS. La actora asesora de ventas afiliada al régimen contributivo, cotizó al sistema de salud durante todo su periodo de gestación y dio a luz el 6 de diciembre de 2022, fecha desde la cual le fue otorgada licencia de maternidad por 126 días. Sin embargo, la EPS negó su reconocimiento por haber realizado de forma extemporánea con tres días de mora el aporte correspondiente a diciembre de 2022.

 

La Corte verificó que la accionante cumplía los requisitos previstos en el artículo 2.2.3.2.1 del Decreto 1427 de 2022. Por tanto, concluyó que la negativa obedeció a una interpretación errónea de la norma, pues esta no exige que los pagos se realicen dentro de un término mensual específico, por lo que dicho requisito fue impuesto arbitrariamente por la EPS. En ese sentido, destacó que la mora fue mínima, tolerada por la entidad y que el aporte fue efectivamente recibido, sin afectar el derecho a la prestación.

La Sala revocó la sentencia de segunda instancia, y en su lugar, ordenó a COMPENSAR EPS reconocer y pagar la licencia de maternidad a la accionante Ivonne Tatiana Ávila Rodríguez.

Ahora bien, la licencia de paternidad se fundamenta en los artículos 42 y 44 de la Constitución Política y desarrolla el principio del interés superior de los niños y niñas, al garantizar el cuidado y la atención durante los primeros días de su existencia, permitiendo la compañía del padre.

Tiene una duración de (2) semanas, conforme al parágrafo 2 del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 2114 de 2021.La licencia también procede respecto de hijos del cónyuge o compañero permanente, así como de hijos adoptados. De acuerdo con el artículo

2.2.3.2.8 del Decreto 780 de 2016 debe ser disfrutada desde la fecha de nacimiento del menor o desde su entrega en caso de adopción.

Para su reconocimiento, el padre debe ser cotizante del sistema de salud, por lo que no aplica para beneficiarios ni para afiliados al régimen subsidiado. Además, El inciso 3 del parágrafo 2 del artículo 236 del CST señala que el único soporte válido para el reconocimiento es el registro civil de nacimiento, el cual debe aportarse dentro de los (30) días calendario siguientes al nacimiento.

El inciso 4 del parágrafo 2 del artículo 236 del CST señala que la licencia de paternidad está a cargo de la EPS y se reconoce de forma proporcional a las semanas cotizadas durante la gestación.

Por su parte, el artículo 2.2.3.2.8 del decreto 780 de 2016 dispone que la licencia puede reconocerse proporcionalmente cuando no se haya cotizado todo el periodo de gestación, sin exigir un tiempo de cotización, y se liquida con el ingreso base de cotización del mes en que ocurre el nacimiento o en que fue entregado oficialmente el niño.

En la sentencia T-114 de 2019, el señor José Rodolfo Parada Acevedo presentó acción de tutela contra la Nueva EPS y el Consorcio Minero de Cucuta LTDA, debido a la negativa en el pago de su licencia de paternidad, a pesar de haber sido reconocida.

La Corte evidenció que el accionante cumplía con los requisitos legales, pues cotizó al sistema de salud durante las dos semanas previas al reconocimiento de la licencia. En consecuencia, exigir la coincidencia total entre semanas de gestación y cotizaciones resulta irrazonable y desproporcionado, y vulnera los derechos a la seguridad social y al mínimo vital.

Por lo anterior, la Corte revocó la decisión y ordenó al Consorcio Minero de Cucuta LTDA, proceder con el pago total de la licencia de paternidad al accionante. Así mismo, ordenó a la NUEVA EPS desembolsar los dineros respectivos a favor del empleador de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1822 de 2017.

 

Referencias

Corte Constitucional. Sala Séptima de Revisión. Sentencia T-207 de 2024, M.P. Paola Andrea

Meneses Mosquera; 6 de junio de 2024. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/t-207-24.htm.

Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión. Sentencia T-014 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 24 de enero de 2022. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2022/t-014-

22.htm.

Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión. Sentencia T-114 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 14 de marzo de 2019. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/t-114-

19.htm .

Indemnización permanente parcial

INDEMNIZACIÓN PERMANENTE PARCIAL

“Se considera como incapacitado permanente parcial, al afiliado que, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, presenta una disminución definitiva, igual o superior al cinco por ciento 5%, pero inferior al cincuenta por ciento 50% de su capacidad laboral, para lo cual ha sido contratado o capacitado.

La incapacidad permanente parcial se presenta cuando el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, sufre una disminución parcial, pero definitiva en alguna o algunas de sus facultades para realizar su trabajo habitual, en los porcentajes establecidos en el inciso anterior.,”

ARTÍCULO 5, LEY 776 DE 2002.

MARCO NORMATIVO:

LEY 776 DE 2002:

● Artículo 5º, Incapacidad Permanente Parcial: Define que existe esta incapacidad cuando el afiliado presenta una disminución parcial, pero definitiva, de sus facultades para trabajar, en un porcentaje entre el 5% y menos del 50%.

● Artículo 6º. Declaración de la incapacidad: Establece que la evaluación, grado y origen de la incapacidad serán determinados por una comisión médica interdisciplinaria.

● Artículo 7º. Monto de la incapacidad permanente parcial: Estipula que el trabajador tiene derecho a una indemnización proporcional al daño sufrido, a cargo de la ARL, en una suma no inferior a 2 salarios base de liquidación, ni superior a 24 meses de salario base de liquidación.

● Artículo 18. Plazo para reclamar: El trabajador tiene un año de plazo para reclamar la indemnización a partir de la notificación del dictamen definitivo.

 

Decreto 2644 de 1994: Adopta la Tabla Única para las indemnizaciones por pérdida de la capacidad laboral entre el 5% y el 49.99%, estableciendo el monto económico correspondiente.

Decreto Ley 1295 de 1994: establece las bases del Sistema General de Riesgos Laborales:

● Artículo 7º: Incluye la indemnización por incapacidad permanente parcial como una de las prestaciones económicas obligatorias del sistema.

● Artículo 20: Define cómo se calcula el Ingreso Base de Liquidación (IBL) para determinar el valor de la indemnización según sea accidente de trabajo o enfermedad.

Ley 1562 de 2012: esta ley actualizó el Sistema de Riesgos Laborales y define conceptos fundamentales:

● Artículo 3º y 4º: Definen qué se considera accidente de trabajo y enfermedad laboral, situaciones que dan origen al derecho de indemnización.

Decreto 1507 de 2014, Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, el cual es la herramienta técnica utilizada para determinar el porcentaje de afectación de una persona tras un accidente o enfermedad.

Análisis Jurisprudencial

Sentencia C-1141 de 2008 - En esta providencia, la Corte Constitucional abordó el estudio de exequibilidad del artículo 5 de la Ley 776 de 2002. El debate jurídico radicaba en determinar si la definición de la IPP y la limitación tarifaria de la indemnización vulneraban los derechos económicos y sociales de los trabajadores al no constituir un ingreso mensual. La corporación estableció que la configuración legal de la figura, lejos de ser regresiva o insuficiente, materializa el principio de protección social integral.

La Sala Plena argumentó que la indemnización por IPP no pretende sustituir de manera vitalicia el salario del trabajador función reservada a la pensión de invalidez, sino que tiene una naturaleza eminentemente compensatoria frente al menoscabo fisiológico. La Corte fue enfática en señalar que el pago de esta prestación pecuniaria por parte de la ARL no releva al empleador de su responsabilidad principal. La verdadera protección radica en la conjunción del resarcimiento económico y la exigencia patronal de reubicación, proscribiendo cualquier despido o desvinculación fundamentada en la limitación física. Se concluyó que el

 

ordenamiento exige un esfuerzo institucional y corporativo permanente para adaptar el entorno de trabajo a la persona.

Sentencia SL3008-2022 (Radicación 91440) - Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral En la jurisdicción ordinaria, esta sentencia es fundamental para el manejo técnico y procesal de la calificación de pérdida de capacidad laboral. La Corte Suprema sentó jurisprudencia sobre el principio de "calificación integral". El litigio buscaba dirimir si, al evaluar a un trabajador para otorgar la indemnización por IPP, las Juntas de Calificación debían excluir o separar las patologías previas de origen común de las derivadas del riesgo laboral.

La Sala resolvió que la condición de salud de una persona es indivisible. Por consiguiente, al momento de emitir un dictamen, los entes calificadores están en la obligación inexcusable de realizar una valoración integral que englobe la totalidad de las secuelas, independientemente de si su génesis fue un accidente de trabajo o una enfermedad común. Esta postura incide de manera directa en el reconocimiento de la indemnización, al exigir que el porcentaje final refleje el estado consolidado y real de la mengua del trabajador, evitando fraccionamientos lesivos para sus derechos. Asimismo, la providencia advierte que las calificaciones no hacen tránsito a cosa juzgada material inmutable; admiten revisión por agravación, garantizando que la compensación evolucione si la realidad biológica del empleado sufre un deterioro.

Teniendo presente todo lo anterior, podemos precisar que en el desarrollo del derecho laboral y la seguridad social, la figura de indemnización permanente parcial trasciende la mera reparación económica y se fundamenta como un mecanismo de protección integral. El diseño del sistema no busca pensionar de forma anticipada a quien conserva más de la mitad de su capacidad física e intelectual, sino otorgarle un capital que subsane el daño biológico, obligando simultáneamente a los empleadores a garantizar la reubicación, readaptación y estabilidad laboral del trabajador afectado. Esta concepción se fundamenta en los principios de universalidad y solidaridad que rigen la seguridad social, operando como una prestación económica y asistencial ineludible.

Incapacidades en Colombia

Incapacidades en Colombia 

Se define como la incapacidad que afronta un trabajador para laborar como consecuencia de una enfermedad o un accidente.

Cuando el trabajador sufre una afectación a su salud, además del tratamiento médico requiere de reposo físico para su completa recuperación y por ello es que el médico prescribe la incapacidad médica.

La incapacidad puede ser de origen común o de origen laboral, temporal o permanente, y en Colombia el trabajador recibe un auxilio económico mientras esté incapacitado.

Incapacidad Laboral de origen Común 

 Es aquella que se origina en una enfermedad no profesional, o en un accidente no laboral, es decir, que no ocurrió en ocasión al trabajo que desarrolla el trabajador, como una gripa o una caída de fin de semana mientras el trabajador estaba en casa.

La incapacidad la paga la empresa directamente al trabajador, y luego la empresa repite contra la EPS, o mejor, le descuenta de los aportes que hace a la EPS en los períodos siguientes.

Esto significa que el trabajador no debe preocuparse por cobrar a la EPS la incapacidad, excepto si es trabajador independiente, caso en el cual, al actuar como su propio empleador, entonces debe hacer las gestiones correspondientes.

El auxilio económico que recibe el trabajador es así:

• Primeros 2 días el empleador los paga al 100%.

• Del día 3 al día 90, la EPS paga el 66.7% del salario base de cotización.

• Del día 91 al día 180, la EPS los cancela al 50% del salario base de cotización. 

• Del día 181 al día 540, el fondo de pensiones paga el 50% del salario base de cotización.

• Días 541 en adelante, la EPS o el fondo de pensiones, dependiendo de la rehabilitación.

   Duración de la Incapacidad: será la que prescriba el médico según la condición clínica del paciente, por un período máximo de 30 días según dispone el artículo 2.2.3.3.2 del decreto 780 de 2016:

La incapacidad se puede prorrogar tantas veces como sea necesario, siempre que cada prórroga no supere los 30 días.

Incapacidades de Origen Laboral 

La incapacidad de origen laboral o profesional es aquella que se deriva de una enfermedad ligada con las actividades del trabajador en la empresa, o de un accidente sucedido en la empresa o mientras estaba laborando, como por ejemplo una dolencia del túnel carpiano en una secretaria o una fractura que sufre el trabajador mientras opera una máquina de la empresa.

La incapacidad originada en una enfermedad de origen profesional o por un accidente de trabajo debe ser pagada por la administradora de riesgos laborales (ARL) a la que esté afiliada la empresa.

Según el artículo 3 de la ley 776 del 2002:

La ARL paga el 100% del salario base de cotización, desde el día siguiente a la incapacidad, hasta por 180 días prorrogables.

Ninguna incapacidad puede ser inferior al salario Mínimo Legal Mensual vigente 

Incapacidades Temporales: se refiere cuando una persona no puede laborar durante un tiempo limitado, pero se espera que se recupere.

Ejemplo: una gripa fuerte, una cirugía o una fractura que sana con el tiempo.

Incapacidad Permanente: se puede dar cuando un trabajador, por alguna situación particular, no puede realizar de manera adecuada las mismas funciones que hacía en su trabajo con regularidad. Esto puede ocurrir debido a una disminución de funciones físicas o una reducción en la movilidad del individuo.

Ejemplo: amputación de una mano o pierna.

Sentencias 

Sentencia C-543 de 2007: la Corte Constitucional determinó que el valor del auxilio monetario por incapacidad laboral (enfermedad general) no puede ser inferior al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV). Esto garantiza el mínimo vital del trabajador cuando el 66.67% o 50% de su salario es menor al mínimo 

 Aunque la incapacidad se calcule sobre el 66.67% (primeros 90 días) o 50% (días siguientes), si el resultado es menor al salario mínimo, el empleador debe pagar el 100% del mínimo.

Con el fin de proteger la dignidad humana y el derecho al mínimo vital, evitando que una incapacidad por enfermedad común reduzca los ingresos del trabajador por debajo de la subsistencia digna. 

Sentencia T-140 de 2016: la Corte Constitucional estableció que aun emitiéndose dictamen de incapacidad inferior al 50% en firme, y con incapacidades posteriores, se deben pagar los subsidios, ya que el trabajador incapacitado no puede quedar desprotegido.

Sentencia T-401 de 2017: donde la Corte Constitucional sostiene que en los casos en que el concepto de rehabilitación es desfavorable, deben cancelarse las incapacidades que se generan hasta tanto quede en firme el dictamen de pérdida de capacidad laboral.

Sentencia T-523 de 2020: el alto tribunal determina que la incapacidad es de carácter sustitutivo del salario, del mismo modo en que se presume la afectación del mínimo vital de un trabajador cuando no recibe su salario y devenga un salario mínimo o cuando el salario es su única fuente de ingreso, constituyendo un elemento necesario para su subsistencia al cubrir con ese dinero sus necesidades básicas. Igualmente se presume que el no pago de las incapacidades laborales implica una afectación al mínimo vital de la persona. En todo caso la AFP debe cancelar las incapacidades superiores a 180 días hasta que se defina la incapacidad permanente o le den de alta. 

Sentencia T- 421 de 2023: la Corte Constitucional protege el pago de incapacidades superiores a 540 días cuando el trabajador no tiene pensión de invalidez y carece de otros ingresos, configurando una violación al mínimo vital.

Sentencia T- 326 de 2024: en esta providencia la Corte refuerza que la severidad de la condición médica y las incapacidades prevalecen sobre las controversias administrativas.

Sentencia T- 009 de 2025: el alto tribunal reitera la protección del mínimo vital y sanciona la “violencia institucional”, en el sentido que  al omitir el pago oportuno de las incapacidades e imponer una serie de trabas administrativas a los ciudadanos, incurren  en una violencia institucional, entendida como la actuación del Estado o de entidades privadas encargadas de la gestión de derechos sociales que, mediante omisiones, dilaciones o actos arbitrarios, afectan de manera injustificada los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Normatividad 

Incapacidades de Origen Laboral o Profesional 

Ley 100 de 1993- Artículo 206- Párrafo Segundo: Las incapacidades originadas en enfermedad profesional y accidente de trabajo serán reconocidas por Entidades Promotoras de Salud y se financiarán con cargo a los recursos destinados para el pago de dichas contingencias en el respectivo régimen.

Ley 100 de 1993- Artículo 208: de la atención de los accidentes de trabajo y la enfermedad profesional. La prestación de los servicios de salud derivados de ello deberá ser organizada por la Entidad Promotora de Salud. Estos servicios se financiarán con cargo a la cotización del régimen de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Ley 776 de 2002: en Colombia regula la organización, administración y prestaciones de riesgos laborales.

Incapacidad Temporal- Artículo 3: el trabajador recibe un subsidio equivalente al 100% de su salario base de cotización, pagado desde el día siguiente al accidente hasta su rehabilitación o declaración de invalidez.

Incapacidad Permanente Parcial-Artículo 5: se da cuando la disminución definitiva de la capacidad laboral es igual o superior al 5% pero inferior al 50%.

Incapacidades de Origen Común 

Código Sustantivo del Trabajo- Artículo 227: en Colombia regula el auxilio monetario por incapacidad debido a enfermedad no profesional (común). Establece que el trabajador tiene derecho a un pago por los primeros 180 días: dos terceras partes (66.67%) del salario los primeros 90 días, y la mitad (50%) los siguientes 90 días.

Ley 100 de 1993- Artículo 206-Párrafo Primero: el régimen contributivo reconocerá las incapacidades generales en enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Para el cubrimiento de estos riesgos las Empresas Promotoras de Salud (EPS), podrán subcontratar con compañías aseguradoras.  

Decreto 2943 de 2013:  emitido por el Ministerio de Trabajo de Colombia, el 17 de diciembre de 2013, modificó el parágrafo 1° del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999 en Colombia, estableciendo que los empleadores deben asumir el pago de los primeros dos (2) días de incapacidad laboral por enfermedad general, en lugar de los tres días anteriores.

Decreto 1333 de 2018: emitido por el Ministerio de Trabajo, regula las incapacidades médicas por enfermedad general de origen común que superan los 540 días, estableciendo que las EPS deben encargarse del pago cuando el concepto de rehabilitación es favorable o está en seguimiento. Además, busca frenar el abuso del derecho en el pago de prestaciones económicas y define procedimientos para revisiones periódicas. 

 Decreto 1427 de 2022: regula en Colombia la expedición, reconocimiento y pago de las prestaciones económicas del Sistema General de Seguridad Social en Salud (licencias de maternidad, paternidad e incapacidades de origen común). Establece términos claros para las EPS (15 días para liquidar, 5 para pagar), incluye el manejo de incapacidades superiores a 540 días, y crea el Sistema de Información de Prestaciones Económicas (SIPE) para mejorar el control y seguimiento.

Pensión de invalidez de origen común

Pensión de invalidez de origen común 

La pensión de invalidez de origen común opera en el sistema general de pensiones colombiano como un mecanismo de aseguramiento colectivo frente a la pérdida severa de capacidad laboral derivada de causas no profesionales. Su lógica es actuarial: los afiliados contribuyen periódicamente a un fondo común y adquieren el derecho a una prestación sustitutiva del ingreso cuando se materializa el riesgo cubierto, definido legalmente como la pérdida igual o superior al cincuenta por ciento de la capacidad laboral. Como todo seguro social, este esquema enfrenta el problema del riesgo moral moral hazard, que en este contexto se expresa en la posibilidad de que individuos sin invalidez real o con grado insuficiente accedan fraudulentamente a la prestación, comprometiendo la sostenibilidad del fondo. Para contrarrestar este comportamiento oportunista, el legislador colombiano, en particular mediante la Ley 860 de 2003, estableció como requisito de acceso la acreditación de cincuenta semanas de cotización dentro de los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez.

Este requisito cumple, en términos teóricos, una función disciplinante coherente con la racionalidad aseguratoria. La exigencia de semanas mínimas opera como una barrera ex ante: quien cotiza sistemáticamente demuestra vinculación activa al mercado laboral y, por tanto, exposición genuina al riesgo cubierto. En términos de análisis económico del derecho, el mecanismo desincentiva tanto la afiliación tardía motivada por un siniestro inminente selección adversa como el aprovechamiento oportunista de quienes nunca estuvieron realmente expuestos al riesgo laboral. Hasta aquí, el diseño parece racionalmente justificado.

Sin embargo, la evaluación de eficiencia exige ir más allá de la coherencia interna del instrumento y examinar sus efectos sobre el conjunto de la población afectada. El problema central es que los requisitos vigentes generan sistemáticamente un error de tipo II: excluyen a individuos que padecen invalidez real pero que no logran acreditar las semanas exigidas dentro del período de observación. Esta exclusión no responde a conductas fraudulentas, sino a trayectorias laborales precarias, informales o interrumpidas precisamente las características más frecuentes entre quienes tienen mayor probabilidad de materializar el riesgo cubierto. El sistema penaliza, en consecuencia, a los afiliados más vulnerables: aquellos cuya historia de cotización es más débil son también quienes menos pueden absorber el impacto económico de la invalidez sin apoyo institucional.

Los costos sociales de esta exclusión son sustanciales. El individuo inválido que no accede a la prestación sufre una caída abrupta de ingresos en el momento de mayor necesidad, con la consecuente pérdida de bienestar. Esa carga no desaparece del sistema: se traslada a las familias, a mecanismos de asistencia pública generalmente más costosos para el erario, o en casos extremos, a la exclusión social. A estos costos directos se suma una externalidad negativa de largo plazo: la percepción de que el sistema no protege a quienes más lo necesitan erosiona los incentivos de afiliación y cotización futura, debilitando la base contributiva del propio fondo que se pretende proteger.

Desde el análisis económico del derecho, un diseño institucional eficiente es aquel que minimiza conjuntamente los dos tipos de error posibles: el acceso fraudulento error tipo (I) y la exclusión de beneficiarios legítimos error tipo (II). El sistema colombiano parece haber privilegiado unilateralmente el primero, sin ponderar adecuadamente el costo social del segundo. El resultado es un equilibrio subóptimo: cuando el costo social de la exclusión de inválidos reales supera el beneficio derivado de la reducción del fraude, el sistema produce más pérdida agregada de bienestar que la que evita. No existe evidencia de que la rigidez actual de los requisitos genere una reducción del fraude proporcional a los costos de exclusión que impone, lo que hace difícil sostener su eficiencia en términos de análisis costo beneficio.

La conclusión de política jurídica que se impone es clara: el diseño institucional eficiente de la pensión de invalidez no debe concebirse como un ejercicio de maximización del control del fraude, sino como un problema de optimización que pondera simultáneamente la sostenibilidad del sistema y la protección efectiva de los sujetos vulnerables. Mecanismos alternativos períodos de observación más amplios, habilitación por densidad de cotización, o regímenes diferenciados para trabajadores con historias laborales precarias podrían reducir el error de exclusión sin comprometer sustancialmente el control del riesgo moral. En definitiva, un sistema de aseguramiento que excluye sistemáticamente a quienes materializan el riesgo cubierto no cumple su función social ni su función económica. La eficiencia, bien entendida, no es austeridad en el acceso: es el equilibrio institucional que reconoce que la protección de los vulnerables es un objetivo socialmente valioso cuyo sacrificio genera costos reales que el análisis jurídico tiene la obligación de visibilizar.

Pensión Convencional

Pensión Convencional

La Pensión Convencional de Convención Colectiva de Trabajo es una prestación económica de origen extralegal pactada entre empleadores y trabajadores mediante convención colectiva de trabajo, pacto colectivo o laudo arbitral. Su rasgo distintivo es que establece condiciones más favorables que las previstas en el régimen pensional legal ordinario como lo es tener menor edad, menor tiempo de servicios, o una combinación de ambos requisitos, otorgando al trabajador el derecho a pensionarse anticipadamente con cargo al empleador o a la entidad de previsión que la convención designe. 

Esta pensión no reemplaza a la pensión de vejez del Sistema General de Pensiones, sino que coexiste con ella. El trabajador que adquiere el derecho a la pensión convencional puede recibirla simultáneamente con la pensión legal cuando cumpla los requisitos de esta última, sin que opere el principio de incompatibilidad. 

La pensión convencional tiene su base en el Código Sustantivo del Trabajo arts. 467 que otorga fuerza normativa a la convención colectiva y la hace obligatoria para las partes, incluyendo las cláusulas pensionales. Se refuerza con el artículo 53 de la Constitución, que consagra la favorabilidad y el derecho a la seguridad social. También la Ley 100 reconoce la vigencia de las pensiones convencionales al proteger derechos adquiridos y expectativas legítimas en su art. 11. 

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han construido una sólida línea jurisprudencial en torno a la pensión convencional, cuyos pronunciamientos más relevantes son:

● CSJ SL, Radicado 15668 / 2001: constituye un precedente fundamental en materia de pensión convencional, al establecer su naturaleza autónoma e independiente frente a la pensión legal de vejez. En dicha providencia, la Corte Suprema de Justicia precisó que la pensión convencional no forma parte del sistema general de pensiones, sino que tiene origen en la voluntad colectiva plasmada en la convención, lo que le otorga una fuente jurídica distinta. En consecuencia, el trabajador no puede ser obligado a sustituir una por otra, admitiendo la compatibilidad entre ambas prestaciones, salvo que exista una cláusula expresa en la convención que disponga lo contrario.

● CSJ SL 4650 / 2017: la Corte reiteró la aplicación del principio de favorabilidad en materia laboral, particularmente en lo relacionado con derechos pensionales convencionales. En esta decisión se sostuvo que los beneficios reconocidos en convenciones colectivas no pueden ser desmejorados por disposiciones normativas posteriores, siempre que el trabajador haya cumplido los requisitos durante la vigencia de la convención. De esta manera, se consolida la noción de derecho adquirido, diferenciándolo de la mera expectativa, y garantizando su intangibilidad frente a reformas legales.

● CSJ SL 12083 / 2017: establece el alcance subjetivo de las convenciones colectivas, señalando que los beneficios allí consagrados, incluida la pensión convencional, no se limitan exclusivamente a los trabajadores sindicalizados. La Corte indicó que dichos beneficios pueden extenderse a trabajadores no afiliados cuando la convención ha sido formalmente extendida o cuando el empleador la aplica de manera uniforme, en virtud del principio de igualdad laboral y la prohibición de tratos discriminatorios entre trabajadores en iguales condiciones.

● Sentencia T-784 de 2010: la Corte Constitucional destacó la dimensión constitucional de la pensión convencional, al reconocer que su desconocimiento puede implicar la vulneración de derechos fundamentales, especialmente el mínimo vital y la seguridad social. En este fallo, la Corte amparo los derechos de un trabajador a quien se le negaba el reconocimiento de la pensión convencional pese a cumplir los requisitos, y estableció que la acción de tutela procede de manera excepcional como mecanismo transitorio cuando se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable.

● CSJ SU 221 / 2024: la Corte Suprema de Justicia precisó aspectos relevantes en materia probatoria, indicando que corresponde al trabajador demandante acreditar la existencia de la convención colectiva y el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la pensión convencional. No obstante, una vez demostrados dichos elementos, el empleador no puede oponer excepciones sustentadas en normas posteriores menos favorables, en atención al carácter intangible del derecho adquirido.

● CSJ SL, Radicado 45744 / 2014: definió criterios relevantes sobre la vigencia de los derechos pensionales convencionales en el tiempo, al concluir que aquellos derechos que se causen durante la vigencia de la convención colectiva subsisten aun cuando esta haya expirado o no sea renovada. En ese sentido, la Corte diferenció entre la vigencia del acuerdo colectivo y la permanencia de los derechos adquiridos bajo su amparo, reconociendo la ultractividad de la pensión convencional causada.

La pensión de sobrevivientes del sistema de pensiones.

La pensión de sobrevivientes del sistema de pensiones.

Contexto, Marco normativo y jurisprudencial.

 

La muerte constituye una contingencia del sistema de seguridad social, en cuanto que la ausencia definitiva que atendía el sostenimiento del grupo familiar, dejaría en situación de desamparo a los integrantes del mismo.

 

En este contexto, el derecho a la seguridad social crea la noción de “beneficiario de pensión”, que difiere del concepto general de “heredero o causahabiente” del derecho civil.

 

Es requisito obvio para que se cause la pensión de sobrevivientes que el afiliado o el pensionado fallezca. El fallecimiento del pensionado, sin mas requisitos, da derecho a la pensión de sobrevivientes. Respecto del afiliado, en cambio, además de la muerte, se requiere que haya cumplido con las reglas legales de cotizaciones mínimas al sistema de pensiones.

 

Cotizaciones mínimas del afiliado.

 

El articulo 46 de la Ley 100 de 1993 que fue modificado por el articulo 12 de la Ley 797 de 2003, expresa:

 

“ARTÍCULO 46. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

 

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,

 

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:

 

(…)

 

PARÁGRAFO 1o. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley.

 

El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez” (Negrilla y subrayado fuera de texto)

 

Ahora bien, en lo concerniente a los beneficiarios el artículo 47 de la norma Ibidem ilustra:

 

“ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. <Expresiones "compañera o compañero permanente" y "compañero o compañera permanente" en letra itálica CONDICIONALMENTE exequibles>

 

<Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

 

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

 

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

 

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

 

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;

 

c) <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;

 

d) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de este;

 

e) <Literal CONDICIONALMENTE exequible> A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste.

 

f) <Literal adicionado por el artículo 13 de la Ley 2388 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> Los hijos de crianza menores de 18 años; los hijos de crianza mayores de 18 años en situación de discapacidad y los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años que por razón de sus estudios dependían económicamente del causante al momento de su muerte siempre y cuando acrediten los siguientes requisitos que la persona fallecida reemplazó de manera completa en términos afectivos y económicos a la familia de origen del hijo de crianza, que la persona fallecida haya reconocido a su hijo de crianza como tal dentro de su núcleo familiar y que los lazos de crianza sean de carácter permanente.

 

g) <Literal adicionado por el artículo 13 de la Ley 2388 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho de conformidad con las disposiciones precedentes, serán beneficiarios los padres de crianza del causante si dependían económicamente de éste al momento de su muerte siempre y cuando la persona fallecida haya reconocido a su padre de crianza como tal dentro del su núcleo familiar y a través del proceso de jurisdicción voluntaria correspondiente.

 

PARÁGRAFO. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil” (Negrilla y subrayado fuera de texto)

 

Es necesario señalar en lo concerniente al requisito de las 50 semanas, que la Corte Constitucional ha flexibilizado dicho requisito para acceder a la pretendida pensión de sobrevivientes, en efecto las sentencias T-138 de 2012 y T-503 de 2017 de la Corte Constitucional, en los que se estudian casos en el que las personas no alcanzan a cotizar 50 semanas, pero sí un número cercado a dicha cifra. Por ejemplo, la sentencia T-138-2012 citada ampliamente por el apoderado de las accionantes, se refiere a un caso de una persona que tenía VIH y fue por esa particular situación, que la Corte Constitucional hizo una ponderación de derechos para finalmente decidir a favor del accionante.

 

Por otra parte, en la sentencia T-503 de 2017, se analizó el caso de una pensión de invalidez y concluyó la alta corporación que en los denominados casos límite, caracterizados porque al afiliado le faltan pocas semanas para cumplir el presupuesto legal exigido, el juez no puede realizar una aplicación mecánica de la ley, sino que debe “valorar los elementos particulares del caso, tales como: la situación económica del accionante, su estado de salud, si tiene personas a su cargo, entre otros”.

 

Monto de la Pensión.

 

Ingreso base de liquidación.

 

El ingreso base de liquidación de las pensiones de sobrevivientes es el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales el afiliado ha cotizado durante los últimos diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión (artículo 21 de la Ley 100), actualizado anualmente con el IPC. Para el caso de la pensión de sobrevivientes, la norma contempla expresamente que si la muerte se produce antes de los diez (10) años, se debe tomar el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado en todo el tiempo de cotización.

 

Cuantía de la Pensión.

 

La cuantía de la pensión de sobrevivientes tiene dos posibilidades de liquidación:

 

La primera es la regla general, esta señalada en la norma que regula la cuantía de la pensión de sobrevivientes (L.100, art. 48). La cuantía de la pensión varía según se trate de muerte de pensionado del sistema o de fallecimiento del afiliado.

 

En caso de muerte del pensionado, la cuantía de la pensión “será igual al 100% de la pensión que aquel disfrutaba”.

 

En caso de muerte del afiliado, la cuantía de la pensión dependerá de las cotizaciones que haya efectuado: el monto es del 45% del IBL, mas un 2% por cada 50 semanas cotizadas adicionales a las primeras 500, sin exceder del 75 del ingreso base. De conformidad con esta norma, la tabla de cuantía de la pensión es la siguiente:

 

 

Cotizaciones	Pensión (%BL)
Hasta 500	45
550	47
600	49
650	51
700	53
750	55
800	57
850	59
900	61
950	63
1.000	65
1.050	67
1.100	69
1.150	71
1.200	73
1.250	75

 

La segunda posibilidad corresponde a quienes como afiliados habían cumplido las condiciones mínimas de pensión de vejez al momento de fallecer. En este caso el monto de la pensión “será del 80% del monto que le hubiere correspondido en una pensión de vejez”. Esta posibilidad tiene las siguientes características:

 

·       La ley exige para acceder a esta opción, que el afiliado no haya recibido indemnización sustitutiva ni devolución de saldos, lo que parece un requisito obvio.

·       Esta posibilidad, aunque teóricamente abierta para los afiliados a cualquiera de los dos regímenes del sistema, en la practica solo puede aplicarse a los afiliados del régimen de prima media.

·       Como la norma se refiere a “los términos de esta ley”, la pensión de vejez que hay que calcular, para luego obtener la cuantía del 80% de la misma, es la que se basa en el “factor r” descrito en la Ley 797 (art. 10 que modifico el art. 34 de la L. 100).